Durante la primera semana de febrero, el recorrido habitual por las galerías españolas se interrumpe. Persiana bajada, luces apagadas, carteles escuetos en las puertas. No hay inauguraciones, no hay visitas concertadas, no hay conversaciones entre obra y espectador. La escena contemporánea se permite, de forma consciente, una pausa forzada.
El cierre no responde a un imprevisto ni a una crisis puntual de programación. Es una decisión compartida, asumida como gesto político, que señala una fricción estructural: la persistencia de un IVA del 21 % aplicado a la venta de arte. Un porcentaje que, para quienes sostienen estos espacios, no se percibe como un dato fiscal aislado, sino como el síntoma de una relación desequilibrada entre la administración y uno de los eslabones más frágiles del sistema cultural.
La disparidad fiscal influye directamente en las decisiones de compra, sobre todo cuando un mismo artista está representado por galerías en distintos países.
Carolina Alarcón — Galería Alarcón Criado, Sevilla
A diferencia de otras movilizaciones sectoriales, esta protesta ocurre de manera dispersa y simultánea. Galerías con perfiles, trayectorias y contextos muy distintos coinciden en una misma decisión: detener la actividad pública para hacer visible aquello que normalmente permanece fuera del foco. En un sector acostumbrado a competir por atención, visibilidad y recursos, este gesto compartido adquiere un peso específico.
La paradoja es evidente. Las galerías funcionan como espacios abiertos, gratuitos y accesibles, integrados en la vida cotidiana de ciudades grandes y pequeñas. Son lugares de mediación cultural, no simples puntos de transacción. Producen exposiciones, sostienen carreras artísticas a largo plazo, generan pensamiento crítico y conectan escenas locales con circuitos internacionales. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, siguen siendo tratadas como operadores comerciales ordinarios, ajenos a la lógica cultural que el propio Estado dice defender.
Queremos que se nos considere parte del sistema estructural cultural. La cultura no es un lujo, es un derecho
Asunta Rodríguez — Galería Trinta, Santiago de Compostela
El impacto económico de esta situación se deja sentir de forma constante. Un impuesto elevado se traduce en precios menos competitivos, en operaciones que no llegan a materializarse y en una pérdida progresiva de relevancia en el mercado internacional. Cuando un coleccionista compara opciones, no solo evalúa la obra o el artista, sino también el contexto en el que se produce la venta. En ese terreno, las galerías españolas parten con desventaja frente a países donde el arte tributa con tipos reducidos.
Pero el alcance del cierre va más allá de lo económico. Hay una dimensión cultural que resulta imposible de medir en términos contables. La interrupción de la actividad expositiva en un momento clave del calendario artístico altera los ritmos habituales de la escena contemporánea y obliga a formular una pregunta incómoda: ¿Qué lugar ocupa realmente el arte contemporáneo dentro de las prioridades culturales del país?
Más de 200 galerías han colgado carteles con IVA cultural, ¡ya!
Idoia Fernández — Presidenta del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo
Durante años, el discurso institucional insiste en la cultura como motor económico, como herramienta de cohesión social y como elemento central de la identidad colectiva. Sin embargo, decisiones fiscales como esta revelan una distancia persistente entre la retórica y la práctica. Mantener el arte en un régimen impositivo propio del lujo implica ignorar la precariedad estructural de un sector sostenido, en su mayoría, por pequeñas y medianas iniciativas con márgenes mínimos y alto riesgo.
El cierre temporal de las galerías convierte una cuestión técnica en un asunto visible, en trasladar un debate sectorial al espacio público. Al apagar las luces, las galerías obligan a mirar aquello que normalmente se da por sentado: las condiciones materiales que hacen posible que el arte circule, se muestre y dialogue con la sociedad.
Queda abierta la incógnita sobre las consecuencias políticas de este gesto. Lo que ya resulta claro es que el sector ha decidido dejar de asumir en silencio una desigualdad estructural. Durante una semana, la ausencia funciona como lenguaje. Y el mensaje, aunque sobrio, es difícil de ignorar.




