El Tribunal Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional están dictando resoluciones que, con una interpretación abusiva de la ley, son una clara vulneración de los derechos civiles y políticos. Esta dinámica genera indefensión en la ciudadanía, a la vez que alarma social producto de la creciente falta de confianza en la tarea del Poder Judicial.
Todos tenemos en la memoria casos tan escandalosos como el de la Manada, Castor, Palma Arena, Nóos, jóvenes de Altsasu; el No Caso 14N, sentencias que vulneran claramente la libertad de expresión (Valtònyc, Pablo Hasél,..) y recientemente respecto a los bebés robados. En casos similares, se ha tenido que recurrir al Tribunal de Justicia de Estrasburgo que, muchos años más tarde, finalmente ha dictado sentencia a favor de los afectados, como en el caso de la Mesa del Parlamento Vasco, el caso del diario Egunkaria, el caso de los jóvenes de Girona por la quema de fotos del rey, etc.
Las malas prácticas clientelares en el ascenso a la carrera judicial ha comportado que todavía perdure una reducida cúpula de magistrados que son ascendidos por designación política a los máximos cargos de la administración judicial, sin que esta promoción responda a méritos profesionales sino a su adscripción ideológica. Este mecanismo de designación atenta contra el principio de la división de poderes, siendo un auténtico fraude en el núcleo mismo del sistema democrático. Con estos nombramientos, podemos afirmar que el Poder Judicial es uno de los poderes que todavía no ha llevado a cabo un paso efectivo de democratización que suponga una ruptura con la época franquista.
Esta anomalía en el funcionamiento de la Justicia española, se ha puesto de manifiesto en el informe GRECO -Grupo de Estados contra la Corrupción- del Consejo de Europa que, en cuatro informes consecutivos, incluyen advertencias y denuncias por malas prácticas realizadas de forma continuada en el tiempo. Los informes GRECO concluyen la absoluta parcialidad de los altos estamentos de la Justicia española como consecuencia de su designación por un órgano politizado como es el Consejo General del Poder Judicial CGPJ.
A la vez, la aprobación y la aplicación irregular y abusiva de instrumentos jurídicos como la ley mordaza, la ley de partidos, etc., que, junto a los traslados de expedientes al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional comportan situaciones de indefensión de la ciudadanía y son una coartada que favorece la aplicación de medidas de excepción incomprensibles en ausencia de violencia (prisión incondicional sin fianza, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, elevadas multas disuasorias, embargos de patrimonio, confinamiento territorial, etc.). Tampoco es admisible que las políticas penitenciarias conlleven medidas de represión o alejamiento que comportan daños a las familias. Esta dura actuación va acompañada de la permisividad por parte de la judicatura con las actitudes violentas de grupos racistas y fascistas (València, Blanquerna, …), que hacen pensar en una alarmante deriva.
Y todavía más, la judicialización de la política ha permitido durante años que el Gobierno Español actúe a través de la Fiscalía para combatir modelos sociales y económicos alternativos, la disidencia política, prohibiendo mecanismos de consulta y participación popular, actuaciones que son un grave atentado contra los derechos civiles y políticos y que debilitan, cada día más, la calidad democrática.
