Bajo el lema Proteger lo conquistado, ganar futuro, los principales sindicatos encabezaron este 1 de mayo manifestaciones en más de 80 ciudades de toda España. La jornada contó con una movilización de amplio calado político y social, en la que confluyeron reivindicaciones laborales, demandas estructurales y alertas en defensa de los principios democráticos. El sindicalismo español reafirma su papel como garante de los derechos laborales adquiridos, y se posiciona como un actor clave ante las transformaciones del mercado de trabajo y los retos de gobernanza democrática que ameniza a Europa.

 

 

La principal demanda de los sindicatos este 1 de mayo es clara: reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin que ello suponga una rebaja en el salario. Lejos de ser una idea improvisada, se trata de una propuesta que ya aplican países como Francia o Alemania y que, según varios estudios, podría ayudar a mejorar la productividad y facilitar la conciliación entre el trabajo y la vida personal.

Al mismo tiempo, los sindicatos han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reformar el despido improcedente. Piden que las indemnizaciones por despido en España se ajusten a los estándares europeos, que son más protectores con los trabajadores. De hecho, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reforzado esta reivindicación, al advertir que la legislación actual favorece en exceso a las empresas y no compensa adecuadamente a quienes pierden su empleo de forma injusta.

 

 

A estas peticiones se suma otra cuestión clave: una reforma fiscal más justa. Los sindicatos defienden que las grandes fortunas y las grandes empresas deberían pagar más impuestos, para así poder financiar los servicios públicos sin seguir presionando a las rentas medias y bajas. En otras palabras, que quien más tiene, más contribuya.

También preocupa, y mucho, el problema del acceso a la vivienda, sobre todo entre los jóvenes. Por eso, las organizaciones sindicales piden modificar la actual Ley de Vivienda para que se puedan limitar los precios del alquiler en zonas con precios disparados. Además, reclaman que el derecho a una vivienda digna esté garantizado de verdad, no solo como una promesa en el papel.

 

 

Junto a las demandas laborales, el 1 de mayo de este año tuvo un fuerte mensaje político y de defensa de la democracia. Los sindicatos advirtieron sobre lo que llaman una “internacional reaccionaria”, representada por líderes como Trump, Milei o Putin, que según denuncian, amenaza derechos fundamentales como los laborales, la igualdad de género y las libertades democráticas.

Este mensaje enlaza con una preocupación cada vez más extendida en Europa: el avance de fuerzas de extrema derecha que promueven recortes sociales, autoritarismo y retrocesos en derechos conquistados durante décadas.