Por Abel Peña | Ilustraciones Roi Paz
Lo que cualquier votante se planteaba a la hora de decidir si valía la pena levantarse de la cama el pasado día 20 para ejercer su derecho al voto es si serviría para cambiar algo. Es una pregunta que nadie en su sano juicio haría a un político porque a) todos los políticos están a favor del cambio b) todos los políticos afirman que ellos representan ese cambio y c) lo primero que resulta afectado por ese cambio es la actitud de los partidos políticos una vez ganadas las elecciones. Así que, para saber si es posible mejorar las cosas con un simple voto en una urna, se tiene que acudir a la única otra fuente que realmente sabe qué es lo que se cuece en la olla del poder (dado que son ellos los que aplican la llama): los bancos. Es cierto que, hoy en día, las instituciones bancarias, desde el FMI hasta la CAMP, sufren las críticas de la opinión pública por su participación irresponsable en la mayor crisis financiera desde el crack del 29. Sin embargo, es injusto asumir que los directivos de estas instituciones son unos ineptos solo porque han protagonizado el descalabro de la economía mundial y sumido a millones en la pobreza, de la misma manera que sería un error asumir que un médico tan reconocido como era en su vida pública Jack el Destripador mató a tantas mujeres de vida alegre en las calles de Londres por una mala práxis médica. En ambos casos, hicieron lo que hicieron con una profesionalidad digna de admiración (y de una mejor causa).
Por eso es de tanto interés el memorando confidencial encargado por Citygroup para sus clientes más importantes y que fue filtrado en tres partes a la opinión pública en 2005-2006. En ella venía a decir que todo iba bien: los ricos eran más ricos que nunca y los pobres, más pobres y, lo que era mejor: esta tendencia no tenía visos de cambiar. Esto fue mucho más cierto después de que estallara la crisis, cuando se descubrió que los ricos han conseguido acumular un 10% más de la riqueza nacional. El informe se centraba en Estados Unidos, país al que definía como “plutocracia” (el gobierno de los ricos) pero éste es un concepto igualmente aplicable a España porque, reconozcámoslo, se puede adivinar lo que va a pasar en este país cinco años antes de que ocurra simplemente echando un vistazo a EEUU, y no solo en lo que se refiere a los extremos de decadencia a los que se puede llegar en un reality-show, sino en prácticamente todas las tendencias políticas, económicas y sociales. En este optimista memorando también se estudiaban los riesgos de que esta situación cambiara y se llegaba a la conclusión de que el único posible peligro, aunque improbable, es que los pobres (o sea, el 99% de la población) exigiera una distribución más justa de la riqueza. El dato que mantenía abierta esta posibilidad es que, a pesar de que la capacidad adquisitiva media no ha parado de bajar en los últimos 30 años, el voto sigue manteniendo el mismo ratio (1/1).
Y vistos los resultados electorales, más de 10 millones de esos votos fueron a parar el 20N al PP, lo que proporcionó al partido conservador una cómoda mayoría absoluta. Es dudoso de que el éxito de Rajoy tenga que ver con su ingenioso eslogan “Empieza el cambio”, casi tan dudoso como que se deba a su carisma, dado que, según Sigma Dos, el nuevo presidente tiene una valoración personal de 4,39, mientras que el candidato derrotado, Rubalcaba, le supera y llega al 4,47. Por el contrario, el hecho de que la gente valore más al perdedor que al vencedor de unas elecciones es la prueba más evidente de que en el 20N ganó el mal menor: nadie que no sea votante habitual de este partido cree realmente que el PP, incluso con la libertad de acción que da la mayoría absoluta, vaya a cambiar la tendencia hacia el desmantelamiento del estado de bienestar que inició el PSOE. Rajoy lo sabe, por eso el líder popular es intencionadamente vago al hablar de futuras medidas y prefiere mantenerse en la dialéctica que normalmente se reserva para la noche de victoria electoral “seré el presidente de todos”, “el mío será un gobierno de diálogo y de búsqueda de entendimiento”, etc. Por eso es inexacto decir que Rajoy no tiene programa: lo tiene e incluye lindezas tales como la privatización de la sanidad y de la enseñanza pública y salarios adaptados a la productividad (o sea, lo que en la lengua vernácula se llamaba trabajar a destajo), como ya dejó sentado su responsable de Economía, Cristóbal Montoro. Rajoy podría hacer suya esa frase de Durán i Lleida de “si explicase cuáles son mis ideas, perdería las elecciones”.
La gente no votó al PSOE porque está harta de su incapacidad manifiesta para gestionar la crisis más allá de recortar los derechos de los españoles y algunos decidieron no votar a los partidos minoritarios por la misma razón (sea cual sea) por la que no retiran el dinero de los grandes bancos y cajas de ahorros a pesar de que no les conceden créditos y sus directivos reciben indemnizaciones millonarias no precisamente adaptadas a su productividad. Sin embargo, tanto el PP como el PSOE no quieren correr riesgos: una de las pocas veces en las que se pusieron de acuerdo (la otra fue para introducir en la Constitución el concepto democrático de estabilidad presupuestaria) fue para reformar la ley electoral, en enero de este mismo año. Entre otras cosas, esta ley establece que todos los medios de comunicación, incluso los privados, deberán respetar la proporcionalidad informativa de acuerdo con los criterios de la Junta Electoral, lo cual atenta contra la libertad de expresión. Pero además, la nueva ley hacía más difícil presentarse a 88 de los 98 partidos que antes no habían conseguido representación parlamentaria, y que para estas elecciones tuvieron que recoger las firmas del 0,1% de los electores de cada circunscripción a la que se presentaran. El Confidencial calculaba que eso implicaba conseguir 35.000 firmas en todo el territorio español y gastar 300.000 euros. Quizá los males menores sospechaban, incluso antes del fenómeno del 15-M, que no todo el mundo estaba dispuesto a votar a un sesentón barbudo, ex ministro de Educación, ex ministro de Interior, ex portavoz del Gobierno, se llamara Rubalcaba o Rajoy.
A pesar de los esfuerzos del PP y del PSOE por simplificar el dilema del público reduciendo el abanico de posibilidades, hay algunos partidos que han conseguido pasar el filtro, formaciones nacionalistas aparte. La gran mayoría son partidos de izquierdas, como Unificación Comunista de España (UCE) o el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). Otros, como el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) abogan por los derechos de los animales y apuestan por el veganismo y el vegetarianismo, lo que quizá no aclara muchas incógnitas sobre sus políticas económicas más allá del brusco descenso que provocarían en la actividad empresarial de las plazas de toros, mientras que Equo, la coalición fundada el mes pasado, reúne a las formaciones verdes tradicionales y en muchas circunscripciones está aliada con Izquierda Unida. También pasó el corte Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIN), que se definen como “socialistas cristianos”, Por Un Mundo Más Justo (PUM+J) que tiene como objetivo la erradicación de la pobreza y la defensa de los derechos humanos, el Partido Humanista (PH) cuya declaración de intenciones roza el budismo y una plataforma que se formó en agosto y que lleva el expresivo nombre de Hartos.org. y que tiene como objetivo declarado eliminar el sistema bipartidista reformando la ley electoral y la constitución.
Cualquiera de estos partidos ofrece un cambio más creíble que los dos grandes partidos, pero la mayor parte de los votantes que se niegan a votar al mal menor ni siquiera se los plantean como posibilidades. Muchos han decidido entregar su papeleta en blanco (confundiéndolo con el voto nulo) en la creencia de que eso dejará constancia de su malestar, sin saber que los votos en blanco se suman al total de papeletas emitidas, haciendo más difícil para los partidos minoritarios alcanzar el 3% necesario para obtener representación en unas elecciones generales. Esta vez no ha habido sorpresas pero la gran cantidad de votos que han recibido los partidos políticos minoritarios como UPYD y IU prueban que la posibilidad de un cambio existe, reflejada no solo en las pancartas de los manifestantes y en los panfletos de los políticos sino, de forma mucho más creíble, en los memorandos confidenciales redactados por sesudos analistas que trazan con cuidado sus gráficas y estadísticas para unos clientes cuyo directorio parece sacado de la revista Forbes. Si estos memorandos le hubieran llegado a la gente en vez de los tan temidos sobres con ventanita, quizá hubieran podido sacar el máximo partido a su voto en las últimas elecciones.
Achtung | Revista independiente cultural e irreverente | literatura, música, cine, series, cultura, viajes, tendencias, arte, opinión, pintura, escultura, gastronomía, arquitectura, street art, discos, libros, películas
