Naciones Unidas designa el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción, coincidiendo con ello, el rey emérito de España Juan Carlos Borbón huido a Abu Dabi intenta regularizar su situación fiscal por el uso de tarjetas opacas al fisco. Además el marido de la jefa de la oficina Antifraude con M. Rajoy lideró una red de evasión de impuestos para 500 grandes fortunas.

España es la única democracia que no derrotó al fascismo, dejó que el dictador muriera tranquilamente en su cama y toda sus estructura de corrupción se integrara en el nuevo régimen del 78. Esto ha servido como coraza a Juan Carlos Borbón para realizar todo tipo de negocios privados opacos al amparo de su cargo sin que rinda cuenta alguna al fisco. A esto se suma que su hijo y actual rey Felipe Borbón cada vez que se destapa un nuevo caso de corrupción vinculado con su padre, se dedica a encubrirlo.

Aunque el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales Sepblac ha trasladado una alerta a la Fiscalía Anticorrupción tras haber localizado una fortuna oculta del rey emérito, Juan Carlos I, de casi diez millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey, los cientos de millones ocultos en las fundaciones Zagatka y Lucum, o los pagos realizados a Corinna Larsen, todo se desvanece cuando los estamentos políticos salen en su defensa, argumentando la supuesta inviolabilidad del monarca recogida en la Constitución.

¿Puede la inviolabilidad ser interpretada como patente de corso para delinquir?

Es jurídicamente absurda la pretensión de establecer una línea divisoria entre antes y después de la abdicación respecto de la inviolabilidad del Rey por conductas tipificadas como delito en el Código Penal

Es obvio que ninguna Constitución de un Estado democrático puede permitir que haya alguien que pueda tener patente de corso para delinquir. En consecuencia, cuando la Constitución proclama que la persona del Rey es inviolable, no puede estar diciendo que puede delinquir impunemente.

Javier Pérez Royo. Catedrático de Derecho Constitucional

A esto se une el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional que investiga a políticos, empresarios, deportistas, médicos, arquitectos, constructores, artistas y hasta narcotraficantes, en total unas 500 fortunas que han evadido impuestos hacia Suiza y Andorra sirviéndose de una red de gestores liderada por Alejandro Pérez Calzada, marido de Margarita García-Valdecasas, jefa de lo oficina Antifraude con M. Rajoy.

Sin embargo todavía hay esperanza, si nos asemejamos a la Justicia chilena que incautó 17.8 millones de dólares de la herencia del dictador Augusto Pinochet, cuando el Séptimo Juzgado Civil de Santiago concedió la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE), para retener casi la totalidad de los bienes heredados, así como una prohibición de celebrar contratos vinculados a los mismos

En los últimos años se han producido estallidos de ira y frustración contra líderes y gobiernos corruptos. En algunos países la gente ha salido a la calle para exigir justicia social y rendición de cuentas.

Por su parte, la crisis de la COVID-19 ha creado oportunidades adicionales para la corrupción, lo que se suma a esas graves preocupaciones. Los gobiernos están gastando rápidamente para volver a encarrilar la economía, prestar apoyo de emergencia y adquirir suministros médicos. La supervisión en esas circunstancias puede ser más débil, y el desarrollo de vacunas y tratamientos aumenta el riesgo de sobornos y especulación.

La corrupción priva de recursos a las personas que los necesitan, socava la confianza en las instituciones, exacerba las grandes desigualdades expuestas por el virus y crea obstáculos para una recuperación sólida. No podemos permitir que se malversen los fondos destinado a estimular la economía ni los recursos vitales para hacer frente a la emergencia.

La recuperación de la pandemia debe incluir medidas para prevenir y combatir la corrupción y los sobornos. Debemos forjar alianzas amplias para fortalecer la supervisión, la rendición de cuentas y la transparencia, aprovechando los instrumentos mundiales de lucha contra la corrupción que nos ofrece la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Las medidas contra la corrupción deben formar parte de las reformas e iniciativas de carácter más amplio adoptadas a nivel nacional e internacional para fortalecer la buena gobernanza, eliminar los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales y devolver los activos robados, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda el primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la corrupción, que se celebrará el próximo año, para proponer reformas e iniciativas ambiciosas en ese sentido.

En el Día Internacional contra la Corrupción, todos nosotros (los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y todas las partes interesadas) debemos comprometernos a trabajar juntos para promover la rendición de cuentas y poner fin a la corrupción y los sobornos a fin de crear un mundo más justo e igualitario.

António Guterres. Secretario general de Naciones Unidas