Por Julio Martínez

Ecologistas y expertos denuncian que la variación de la ley de 1988 puede generar una mayor especulación en el litoral nacional.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado viernes, 5 de octubre, intervino el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Lo hizo para anunciar la presentación de una nueva ley, la de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que se impulsará desde su departamento y que sustituirá a la normativa de costas vigente desde 1988. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por vender que esta nueva iniciativa “protegerá mejor la costa”, han sido muchas las voces que, desde los más diversos ámbitos, han criticado la nueva idea.

Entre las medidas incluidas dentro de esta variación legal se encuentran la de elevar hasta 75 años las concesiones de las viviendas en la playa –frente a los 30 actuales, que expirarían en 2018-, la posibilidad del Estado de suspender los acuerdos municipales que no se avengan a la normativa o el establecimiento de periodos renovables de cuatro años de existencia para los chiringuitos, a pesar de que muchos de ellos invaden la línea de playa. “La reforma tiene el objetivo primordial de proteger mejor nuestro litoral frente a excesos urbanísticos y beneficiar a quienes se encontraban legítimamente en la costa, pero no es una amnistía de situaciones ilegales”, aseguraba Arias Cañete en su intervención de hace unos días.

Inconformidad desde el mundo ecologista

Sin embargo, no todos los implicados en este proceso tienen la misma opinión que el ministro. La práctica totalidad de las organizaciones ecologistas del país han alzado la voz contra lo que consideran un retroceso en relación a la norma de 1988. “La nueva reforma supondrá una mayor degradación de la costa, reduciéndose peligrosamente la protección del litoral que daba la antigua ley”, asegura Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra. “La decisión del Gobierno favorece la privatización y la especulación urbanística incontrolada en buena parte del Litoral, estableciendo un sinfín de excepciones sin justificación técnica, además de poner en peligro la conservación de hábitats y especies importantes”, añade.

De forma muy parecida se expresan desde Greenpeace al afirmar que “el ministro Cañete quiere reformar la costa para otorgar espacios privilegiados a unos cuantos intereses privados muy identificados y concretos”. “Es una reforma inaceptable, sobre todo porque el exceso de construcción de la última década es, en gran parte, responsable de los mayores disparates urbanísticos de toda Europa, ha endeudado a los ayuntamientos durante décadas y no ha generado  puestos de trabajo de calidad. Si no aprendemos de los errores que acabamos de cometer, difícilmente encontraremos una vía de futuro”, denuncian desde esta organización conservacionista.

Además, y según subraya el coordinador del Área de Globalización, Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción, Luis González Reyes, la variación legal propuesta por Arias Cañete no tendría mucha lógica económica. “Considerar que liberalizar aún más la construcción con la cantidad de viviendas que hay vacías y con el nivel de deuda financiera que existe en el ámbito bancario, no está acorde con la realidad de lo que está pasando en España”, indica. “Esta ley no va a facilitar la salida de la crisis, mientras lo que sí que va a hacer es impulsar una amnistía a quien ha estado incumpliendo la normativa”, agrega González Reyes.

Todas estas críticas también son compartidas por un gran número de expertos en protección del medio natural. Un ejemplo de ello es el biólogo y especialista en conservación de la biodiversidad por la Universidad de Salamanca, Gonzalo Rodríguez Ruiz, quien señala que la reforma impulsada por el gobierno “es más laxa” que la normativa vigente hasta ahora. “La ley que teníamos antes era bastante buena, pero nunca se llevó a cabo completamente”, explica. No obstante, reconoce que, debido a la gran variedad de ecosistemas costeros existentes en España –no es lo mismo el litoral asturiano que el murciano-, es muy complicado aunar en un mismo texto la protección de todos estos entornos. A pesar de ello, la nueva propuesta planteada por el Gobierno no le convence del todo. “Lo que hay que hacer es conservar lo que tenemos”, asegura.

Por ello, ya se están preparando las primeras protestas y acciones informativas en contra de esta medida del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Por ejemplo, se ha puesto en funcionamiento una coordinadora en la que hay integradas una amplia gama de organizaciones, y entre cuyos objetivos está el mantenimiento de la Ley de Costas en los términos que se aprobó en 1988. Además, a nivel individual, agrupaciones como Ecologistas en Acción van a mantener y a impulsar su campaña de concienciación veraniega anual que desarrollan en el litoral, con el fin de dar a conocer que los problemas que atañen a las playas españolas se van a ver agravados con la norma propuesta por Arias Cañete.

Por tanto, se trata de una variación legal que se encuentra muy alejada de las ideas defendidas por gran parte de las agrupaciones sociales del país y los expertos en biodiversidad, que abogan  por un tipo de desarrollo mucho más respetuoso con el medio ambiente. “En realidad, una mayor protección de la costa repercutiría en la creación de puestos de trabajo para su mantenimiento, y el turismo tendría de esta forma un valor añadido. Un litoral bien conservado genera beneficios de unos 8.000 millones de euros al año y más puestos de trabajo que una costa degradada. La ley de 1988 se trataba de un seguro contra la especulación y la corrupción en el litoral”, concluye Liliane Spendeler, responsable de Amigos de la Tierra.

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