El 25 de octubre se celebra el Día Europeo de la Justicia, y un año más España queda en evidencia ante el resto de socios de la Comisión Europea que atónitos asisten a un sistema podrido desde dentro. Cuatro años con el Consejo General del Poder Judicial – CGPJ caducado y sus miembros usurpando funciones parapetados bajo sus togas, Lawfare como ariete contra adversarios políticos que pretende eliminarlos con esa persecución judicial instrumentalizada. Tampoco podemos olvidar al periodista Pablo González que lleva encarcelado y aislado en Polonia desde el 28 de febrero, contraviniendo más de una decena de artículos de las Declaraciones y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y Civiles.

Informe sobre el Estado de Derecho en 2022

Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en España

RECOMENDACIONES

Además de recordar los compromisos realizados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en cuanto a ciertos aspectos del sistema judicial, se recomienda a España que:

• refuerce el estatuto del fiscal general del Estado, especialmente en lo que respecta a disociar en el tiempo el mandato de este con el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal;
• proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario y que emprenda, inmediatamente después de la renovación, una reforma del proceso de nombramiento de los vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la materia;
• continúe las labores necesarias para presentar una iniciativa legislativa sobre los grupos de presión, con especial atención a la creación de un registro público obligatorio de dichos grupos;
• tome medidas para hacer frente al problema de la duración de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos, para así aumentar la eficiencia de la sustanciación de los casos de corrupción de alto nivel;
• garantice que la autoridad reguladora de los medios de comunicación audiovisuales disponga de recursos suficientes, para así reforzar su eficacia, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los reguladores de los medios de comunicación, especialmente en lo que se refiere a que cuenten con recursos adecuados a sus funciones;
• mejore el acceso a la información, especialmente mediante la reforma de la Ley sobre secretos oficiales.

Trama mafiosa con el exministro Jorge Fernández Díaz, la cúpula de Interior y de la Policía

Se está estudiando la adopción de un plan nacional de lucha contra la corrupción, que se espera contribuya a desarrollar una política integral de prevención y disminución de la corrupción. También se está aplicando un conjunto de medidas en el marco de la Estrategia contra el Crimen Organizado 2019-202388. La Estrategia tiene por objeto minimizar los riesgos de corrupción mediante el aumento de la transparencia y la eficiencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor de investigación de los delitos relacionados con la corrupción. Con este fin, dos planes estratégicos para la Policía Nacional y la Guardia Civil, actualmente en curso de ejecución, incluirán objetivos específicos de mejora de los indicadores de riesgos de corrupción que permitan detectar y combatir mejor este tipo de delitos, por ejemplo, el porcentaje de investigaciones que han desembocado en un juicio sobre el total de investigaciones públicas de corrupción. En marzo de 2022, el Ministerio del Interior aprobó el Tercer Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, de lucha contra el narcotráfico, centrado en la represión de la corrupción y otros delitos económicos. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, en estrecha colaboración con la autoridad de auditoría, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), está elaborando una Estrategia Nacional de Lucha contra el Fraude. La preparación de esta Estrategia se apoya en un proyecto financiado por la UE con la asistencia técnica de la OCDE y centrado en la mejora de la rendición pública de cuentas, la promoción del uso de datos y el refuerzo de los mecanismos de coordinación entre administraciones públicas. Además, se está estudiando la adopción de un plan nacional de lucha contra la corrupción, que se espera contribuya a desarrollar una política integral de prevención y reducción de la corrupción.