Por José Javier Guillén Villafuerte

La tarde del sábado 22 de marzo varios diarios mexicanos dieron a conocer la noticia del asesinato de Juan Carlos Gómez Silvano, adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en junio de 2005, y coordinador regional de la misma en el municipio de San Sebastián Bachajón, ubicado en el norte de Chiapas.

Al asesinato de Gómez Silvano se suman el de Juan Vázquez Guzmán dirigente de la Sexta en San Sebastián Bachajón hace un año y  los constantes acosos por parte de campesinos antizapatistas en los últimos meses. Todo esto con la complicidad del gobierno del Estado chiapaneco, que hace oídos sordos ante las denuncias que sobre estos hechos realizan las comunidades zapatistas. Pero, ¿qué pasa en Chiapas?

El 1° de enero de 1994, fecha en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el país se despertó con la noticia de que un grupo de indígenas armados, pertenecientes a una organización que se hacía llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), había tomado cuatro cabeceras municipales en el sureño estado de Chiapas y había declarado la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El levantamiento de enero de 1994 puso en evidencia las terribles contradicciones sociales que existían en la Entidad, destapando formas de explotación de la tierra que se creían desterradas tras la revolución mexicana de la primera mitad del siglo XX.

Desde un primer momento, las demandas de los alzados giraron en torno a educación, salud, tierra, democracia, justicia, paz, vivienda y alimentación. Sus reclamaciones no fueron casuales. Chiapas, ubicado en la región fronteriza del sureste de México, posee los índices de marginalidad más altos de todo el país. Sólo el 20% de su población tiene acceso a las instituciones de seguridad social del Estado mexicano; el rezago educativo es del 33.5 %; el 80% habita viviendas con pisos de tierra; el 40% no dispone de agua entubada; el 60% no tiene acceso a drenaje; hay un médico por cada 1.500 habitantes; el 66% de la población vive en localidades de menos de 5.000 habitantes; el 75 % de los habitantes no completaron su educación primaria. Y cabe señalar que quien más resiente todo esto es la población indígena, la cual representa un 26% de los casi cinco millones de habitantes del Estado.

Paradójicamente, Chiapas produce el 54.7% de la energía hidroeléctrica del país, equivalente al 12.3% de la energía eléctrica total. Tan sólo en 2011, Chiapas generó 46.000 barriles de crudo diarios, equivalente al 1.8% de la producción anual en México. Ocupa el primer lugar en cultivo de platano, café cereza y palma africana; el segundo en obtención de frijol, mango, cacao y papaya; y el tercero en producción de maíz. Chiapas, como bien lo han señalado, es una tierra rica con un pueblo pobre.

El 12 de enero de 1994, el gobierno federal decretó un cese al fuego por parte del Ejército mexicano y anunció una amnistía a todos los involucrados en la insurrección. Los rebeldes aceptaron el ofrecimiento del gobierno y se procedió a una etapa de diálogos que iniciaron en febrero de ese mismo año en San Cristóbal de Las Casas, y que fueron mediados por el entonces titular de la diócesis de esa ciudad, Samuel Ruiz García.

Estos diálogos, a pesar de ser interrumpidos tras el asesinato en marzo de 1994 del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, y en febrero de 1995, con motivo de una campaña militar contra el EZLN ordenada por el nuevo presidente Ernesto Zedillo, desembocaron en la firma de los llamados Acuerdos de San Andrés en febrero de 1996. En los mencionados documentos era reconocida el Gobierno federal la autonomía de los pueblos indígenas de México.

Pero el gobierno de Zedillo se negó a respetar los acuerdos, y los diálogos entre el EZLN y el gobierno federal se suspendieron definitivamente. A partir de este momento, los rebeldes chiapanecos iniciaron un proceso de construcción de una autonomía de facto, que se concretó en 2003 con la desaparición de los llamados Aguascalientes formados en los años inmediatos al levantamiento. En su lugar, se procedió a la formación de las Juntas de buen gobierno y los Caracoles, organismos a través de los cuales se desarrolla la cotidianidad de los municipios autónomos rebeldes zapatistas hasta nuestros días.

Plan Puebla Panamá

Pero por otro lado, la primera década del 2000 no sólo fue la de la consolidación de la autonomía, sino también la de la aparición de iniciativas de corte neoliberal que ponen en graves apuros a ésta. En los primeros meses del llamado gobierno de la alternancia, encabezado por el panista Vicente Fox, se anunció junto con los gobiernos de otras nueve naciones centroamericanas la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá (PPP). En dicha iniciativa se propone “promover y consolidar el desarrollo de la región sur-sureste de México” y “contribuir a un crecimiento económico sostenido y sustentable que preservará el medio ambiente y los recursos naturales de la región…”

El Plan Puebla-Panamá no sólo responde a los nuevos planes económicos del gobierno mexicano, sino que también obedece a necesidades importantes del mercado mundial a inicios del nuevo milenio. Históricamente, el grueso del comercio mundial se había desarrollado entre los 30 y 60 grados latitud norte, una franja que recorre los Estados Unidos, pasa por Europa y llega hasta Rusia. Al dar inicio el nuevo siglo las condiciones del mercado mundial se vieron transformadas por la emergencia del mercado asiático, cuyo potencial se hizo atractivo para los grandes centros industriales del mundo. Estados Unidos buscó la forma de llegar hasta él y el medio para hacerlo fue el Plan Puebla-Panamá (PPP).

Este megaproyecto regional se desarrolla en ocho ejes principales: integración vial, fácil intercambio comercial, interconexión energética, integración de servicios de telecomunicaciones, desarrollo sustentable, promoción del turismo, desarrollo humano, y prevención y mitigación de desastres naturales. Pero dicen los que mal piensan que nada de lo que el Plan propone puede ser verdaderamente benéfico para la región mesoamericana.

Lo que realmente se pretendería con el mencionado proyecto sería convertir a la zona en una especie de trampolín para el comercio mundial, aprovechando su mano de obra barata y su inmensa riqueza natural. Por ejemplo, el PPP propone la creación de zonas francas en los puertos para las mercancías que sólo estén de paso por ellos. Se propone también la construcción de líneas de ferrocarril que conecten los puertos de ambas costas (la del Atlántico y la del Pacifico), que en el caso de Guatemala lograrían que las mercancías sólo tardaran siete horas en atravesar el país, reduciendo con ello los costos de transportación.

Aparte, sabemos que el gasto entre los diferentes rubros es desproporcionado. Por ejemplo, para el de desarrollo humano se contempla un presupuesto de 42 millones de dólares, que es 80 veces menor que el asignado al de desarrollo vial. En este mismo sentido, la inversión en materia de desarrollo sostenible, mitigación de daños por desastres naturales y en desarrollo humano, no llega a más del 3% del presupuesto total del Plan. Por tanto, se puede observar que no existe interés por mejorar el bienestar de la población de la región.

Sin embargo, y como señala la antropóloga Xóchitl Leyva, el PPP enfrentó grandes obstáculos para su plena puesta en marcha. Por un lado, se hallan los cambios geopolíticos resultados de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y las guerras que le sucedieron. En segundo lugar, está la imposibilidad de llevar a cabo los proyectos contemplados en el Plan por lo elevado de sus costos en un periodo de estancamiento económico. Y por último, la resistencia al Puebla-Panamá emprendida por organizaciones indígenas, campesinas, ecologistas y sindicales.

Estas luchas obligaron al relanzamiento del PPP durante el gobierno del panista Felipe Calderón, quien en 2008, junto con los presidentes centroamericanos, presentaron el Proyecto Mesoamérica. Se trata de una iniciativa que se concibe a sí misma como “un espacio político de alto nivel que articula esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración de diez países para facilitar la gestión y ejecución de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

El neoliberalismo de Peña Nieto

En medio de este escenario, las comunidades autónomas zapatistas de la región Selva y Altos de Chiapas llegan a su vigésimo aniversario. En el segundo semestre de 2012, el triunfo de Enrique Peña Nieto marcó el regreso del PRI a la presidencia de México, y a partir de ese momento el país dio un viraje definitivo hacia la política neoliberal. En ese mismo año, las comunidades zapatistas rompieron el silencio que habían mantenido desde la puesta en marcha la llamada otra campaña en 2006, y enviaron al gobierno entrante una señal de que no iban a abandonar la experiencia autónoma iniciada años atrás.

Sin embargo, el Gobierno federal y el del Estado de Chiapas nunca han visto con buenos ojos las intenciones de los rebeldes de autogobernarse a sí mismos. Chiapas vive en una situación de guerra permanente que en cualquier momento puede ser reactivada. Tan sólo para finales de los 90 se sabía de la existencia de más de 10 grupos paramilitares acosando a las comunidades zapatistas, desplazándolas y arrebatándoles las tierras que habían recuperado a raíz del levantamiento.

Pero esta guerra de baja intensidad no sólo se ha desarrollado en el plano militar. Durante años, los sucesivos gobiernos han puesto en práctica una política de “compra de conciencias” a través de programas sociales de apoyo a la economía familiar o al campo, que han logrado la desmovilización de algunas familias zapatistas y su incorporación a instancias oficiales.  En enero del año pasado, Enrique Peña Nieto echó a andar la Cruzada nacional contra el hambre precisamente en el municipio de Las Margaritas, ubicado en la zona de influencia del EZLN.

Parece, pues, que la elección de este lugar no es casual y responde a un interés del gobierno por desarticular de una vez por todas al movimiento zapatista, a través de la cooptación de las comunidades en rebeldía con migajas que no ayudan a resolver los problemas de marginación en la zona.

Pero si algo ha caracterizado al gobierno peñista han sido sus las llamadas reformas estructurales, que introducen cambios históricos a la Constitución mexicana en materia educativa, laboral y energética, y que han dado un viraje al país hacia el neoliberalismo. Por ejemplo, la energética permite al sector privado invertir en áreas reservadas sólo para la participación del Estado a través de Petróleos Mexicanos (PEMEX), como la exploración y explotación de pozos petroleros. Dicho de otra forma, las reformas han abierto las arcas de la riqueza nacional al capital extranjero.

Precisamente, el asesinato de Gómez Silvano, del cual hablamos al principio, puede estar orientado por la resistencia a los megaproyectos del Plan Puebla-Panamá, que en el marco de la intensificación de la política neoliberal parecen estar reactivándose. En los meses recientes se viene hablando de planes para un megaproyecto en la zona de Palenque que busca aprovechar los atractivos naturales y arqueológicos del lugar para fomentar un   “turismo de élite” que reduciría a la población local -mayoritariamente indígena- a la servidumbre.

A lo anterior hay que sumar el interés por parte de este mismo capital por explotar la riqueza mineral y energética de la Selva Lacandona, lugar donde se hallan asentadas la mayoría de las comunidades autónomas zapatistas. Desde luego que éstas no permanecerán inertes ante la intención de despojarlos de sus tierras, y el Gobierno federal lo sabe.

El encargado de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), Jaime Martínez Veloz, anunció que el gobierno prepara una “iniciativa de gran calado” en materia indígena, que según él incluirá los acuerdos de San Andrés y la normatividad nacional e internacional en la materia. La llamada reforma indígena ha sido acusada de ser un claro intento de revancha política del salinismo en contra del EZLN y que busca, apoyada en la Cruzada nacional contra el hambre, minar las bases del zapatismo y las resistencias a la explotación de la tierra en sus comunidades.

El panorama se torna sombrío. Parece que estamos en tiempos donde la política neoliberal y la autonomía construida por las comunidades zapatistas entran directamente en conflicto. Las campañas políticas del Gobierno buscan debilitarla y desvanecerla si es posible; pero parece que 20 años de resistencia al hostigamiento policiaco-militar y paramilitar han hecho más fuerte al EZLN. En este sentido, varias pueden ser las estrategias del Gobierno para atacarlos. Para Carlos Fazio por ejemplo, la crisis de las autodefensas en Michoacán pueden no ser más que una especie de experimento del Gobierno peñista para desarticular experiencias autonómicas a través de grupos paramilitares apoyados por el Estado.

Posiblemente tenga razón, pero por el momento no se sabe. De lo que sí hay una mayor seguridad es que el EZLN no está dispuesto a tirar la toalla y que los conflictos con un gobierno entreguista se harán inevitables. La reforma indígena, la Cruzada nacional contra el hambre, los constantes asesinatos de líderes rebeldes y la posibilidad de que en este año se envíe al congreso una nueva reforma agraria, ponen de manifiesto las intenciones del Gobierno federal por recuperar el control del problema indígena en Chiapas. Algo que va a intentar a costa de la reactivación de una escalada de violencia, cuyas repercusiones en la vida de los pueblos indígenas del Estado no se pueden aún vislumbrar.

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