Por Alondra Miranda
México, que en náhuatl significa ‘en el ombligo de la luna’, posee una población de 6.695.228 personas de habla indígena, dentro de un total de 89 lenguas indígenas reconocidas. Entre las más habladas se encuentran el náhuatl, maya y las lenguas mixtecas, que dan voz a grupos que se encuentran bajo una pobreza extrema e impedidos para acceder a la educación y salud. Difícilmente sus derechos son respetados y viven en constante marginación, ya que muchos de ellos son monolingües. Con el afán de erradicar la pobreza extrema y de incluir a los indígenas en la sociedad, el gobierno posee programas de desarrollo destinados a brindar una mejor calidad de vida para ellos. A pesar de estos intentos, más mediáticos que reales, los indígenas siguen siendo discriminados y son objeto de muchas injusticias, tal y como se ha denunciado en otros países de Sudamérica como el Perú de Humala.
La lucha por los derechos indígenas en México se remonta a los tiempos de la colonización española, cuando Fray Bartolomé de las Casas fue nombrado el protector de los indios. Desde entonces la situación indígena no ha cambiado. Conforme aumentan los intereses de la clase política y empresarial por el acceso a recursos naturales que pertenecen a los indígenas, sus derechos son disminuidos. Éste es el caso de Cherán, municipio del estado de Michoacán, en la zona occidental de México, cuya población es purépecha.
Cansados de la tala clandestina y deforestación de los bosques en complicidad con las autoridades municipales y de la creciente inseguridad originada por el crimen organizado, los habitantes de Cherán expulsaron al presidente municipal y a la policía local en abril del 2011. Esta iniciativa partió de las mujeres del muncipio y se fueron sumando los hombres. A modo de organización, implementaron un Concejo Mayor de Gobierno Comunal que autogobierna y una ronda comunitaria que autoprotege, cuyos miembros voluntarios tiene un periodo rotatorio.
Son muchos los retos a los que se enfrentan los habitantes de Cherán desde que tomaron esta decisión, pues al no ser reconocido por el gobierno Federal y Estatal de Michoacán no pueden acceder a los recursos económicos destinados al municipio. Además, sufren acoso, secuestros, torturas y asesinatos por parte de un crimen organizado que quiere despojar a los indígenas de sus tierras para hacer cultivos de aguacate y marihuana.
Por su parte, la tribu yaqui que se encuentra al norte del país, en el estado de Sonora, lucha por evitar la construcción del acueducto de la presa El Novillo. Esta acción amenaza con la subsistencia de la tribu, pues el desvío del río Yaqui con fines comerciales haría imposible la producción agrícola de los indígenas. A pesar de que han recurrido a instancias legales y las mismas les han otorgado su derecho al agua, las autoridades locales continúan con la construcción porque cuentan con el apoyo del gobierno federal. El argumento para la ejecución de esta presa es que el agua del río Yaqui, que se encuentra en territorio indígena, abastecerá a Hermosillo, capital del estado de Sonora.
El pueblo wixárica (huicholes), que se encuentra distribuido en Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y, en su mayor parte, en el estado de San Luis Potosí, ganó recientemente una batalla por evitar que sus territorios fueran explotados por una compañía minera canadiense, ya que la zona Wirikuta había sido declarada por la UNESCO como “área natural protegida” por representar un lugar sagrado en términos de religión para los huicholes. Sin embargo, el gobierno federal otorgó concesiones para que la compañía minera trabajara en la sierra de San Luis Potosí, zona Wirikuta. Los wixáricas iniciaron un movimiento de defensa de su zona sagrada y el 24 de mayo de 2012 el gobierno federal declaró la zona Wirikuta como Reserva Minera Nacional, por lo que la actividad minera queda prohibida.
Ante la discriminación y falta de oportunidades, los últimos censos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) muestran que la población de habla indígena está disminuyendo. Aun cuando la ley mexicana protege y existen instituciones que fomentan su desarrollo, en la práctica, sus derechos son invalidados. La lucha de los pueblos indígenas, que no persigue fines políticos como algunos sectores manifiestan, es su deseo vivir dentro del territorio milenario que les ha pertenecido, así como de proteger los recursos naturales y coexistir con un medio ambiente que ha conformado su forma de vida.
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