Internacional en Achtung! | Por Joaquín Calvente
La Comisión de Comercio Internacional de la Unión Europea debe decidir el próximo 21 de junio si aprueba o rechaza el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA por sus siglas en inglés: Anti-Counterfeiting Trade Agreement) tras el rechazo manifestado por tres comisiones parlamentarias que la asesoran: la Comisión de Libertades, la de Industria y la de Asuntos Jurídicos. Aunque sus posiciones no son vinculantes, recomiendan al Parlamento Europeo que se niegue a dar su consentimiento. Por otra parte, se han negado a firmar el ACTA distintos países de la Unión, por el momento: los Países Bajos, Alemania, Bulgaria, Polonia y la República Checa.
El ACTA es un tratado impulsado por EE.UU., Canadá, Australia y Japón, al que la Unión Europea se sumó después. Se trata de un acuerdo contra la piratería y el contrabando de bienes falsificados, fundamentalmente industriales, provenientes de países emergentes como China o la India (medicamentos), y también culturales e intelectuales, que son difundidos en su mayoría a través de Internet.
Una de las comisiones que se ha mostrado crítica con el ACTA es la Comisión de Libertades, Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, presidida por el eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar, para el que los derechos de la propiedad intelectual y de autor deben ser defendidos sin que se “lesione el modo en el que se disfrutan en estos momentos las libertades de acceso a los bienes culturales e intelectuales en la red”. Esta comisión ha elaborado un dictamen acerca del impacto del ACTA en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En dicho dictamen se indica que este acuerdo no respeta los derechos fundamentales de la UE en lo referente a la protección de datos y libertades individuales.
El colectivo Anonymous también ha adoptado una postura crítica ya que, según defienden, el acuerdo anti-piratería prioriza los intereses comerciales sobre los ciudadanos, y mediante esta vía se puede acabar limitando la libertad de expresión en la red. Y es que el ACTA incluye algunas medidas controvertidas como el que las empresas proveedoras de servicios de Internet se vean obligadas a desvelar la identidad de aquellos usuarios que, según consideren los vigilantes de la red, están violando las legislaciones de copyright.
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